NUEVA LEY PARA UN MISMO CINE
El dia de hoy, miércoles 8 de mayo, el Congreso de la República aprobó en primera votación la LEY DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRÁFICA Y EL AUDIOVISUAL PERUANO, título que se traduce como la Ley de cine ya que, después de todo, de eso principalmente trata. Lo de Audiovisual más parece ser un "gorro" puesto que no está mayormente tratado en el corpus de la ley.
Propuesta por el congresista Francisco Petrozzi, promocionada entusiastamente desde el Ministerio de Cultura y contando con el beneplácito de numerosos cineastas, principalmente los productores, la ley, de ser aprobada en segunda votación seguramente la próxima semana, vendría a reemplazar la Ley 26370 que promulgada por Alberto Fujimori rige hasta ahora la actividad cinematográfica desde 1994, con las ligeras modificaciones introducidas en el año 2012.
Sin duda alguna es altamente necesaria y saludable para la cultura peruana contar con una nueva Ley de Cine. La 26370 fue una ley de transacción resultado de los desacuerdos entre el ejecutivo, los cineastas y el Congreso Constituyente de ese entonces, que en su momento, 1994, había aprobado una ley de Cine que fue obsercada por Alberto Fujimori ya que no convenció a la ortodoxia neoliberal que nos gobernaba entonces, ni a los dictados de las transnacionales de la distribución, quienes digitan implacablemente lo que se exhibe en nuestro país desde hace muchas décadas.
Los principales cuestionamientos que se hacían a la 26370 tenían principalmente que ver con que los fondos asignados para la promoción de la producción cinematográfica eran insuficientes, sometidos al capricho del Ejecutivo y tenían que ser sometidos anualmente a la consideración del Congreso vía la Ley General del Presupuesto de la República. Por otro lado, la ley se quedaba en artículos plagados de buena voluntad y sin embargo, poco efectivos respecto a la distribución, promoción y exhibición de las obras cinematográficas peruanas y rozaba apenas los temas culturales como la educación cinematográfica en los colegios y la preservación fílmica encarnada en la necesidad de creación de la Cinemateca Nacional. Por todo ello no resultó nada extraño que desde los primeros años de funcionamiento de la ley 26370 (1998) se planteara su reforma. La revolución tecnológica digital que vivimos en los últimos años y que ha impactado muy favorablemente en la actividad audiovisual, terminó haciendo evidente la necesidad de cambiarla profundamente.
Con estos antecedentes, uno esperaba que la ley aprobada por el Congreso incorporara un conjunto de propuestas tendientes a modernizar nuestra cinematografía adecuándola a las nuevas modalidades de producción, distribución y exhibición, haciéndola mas competitiva frente a otras, al menos latinoamericanas, e introdujera un conjunto de iniciativas que otros países vienen llevando a cabo con éxito, como es el caso de la llamada Film Comission, que esencialmente busca promocionar y aprovechar nuestras reservas paisajísticas naturales y la capacidad técnica y humana instalada, nunca estará demás decir el efecto multiplicador que tiene en la economía de un país y que está ampliamente demostrado. Por último, y no por ello menos importante, se esperaba que la ley aprobada incorporara en su horizonte la necesidad de crear una Cinemateca Nacional, entidad cultural depositaria de nuestra producción cinematográfica pasada y por venir, y factor fundamental para la construcción de la memoria histórica de nuestro país.
Sin embargo, la Ley aprobada ha quedado corta, muy corta respecto a los cambios necesarios que debieran producirse. Ni el Ministerio de Cultura, pensando en su continuidad burocrática, ni los propios cineastas, pensando principalmente en sus bolsillos, han asumido una mayor audacia creativa y política. Retrocediendo ante el supremo MEF, guardián ortodoxo del sistema, no se ha creado un Fondo autónomo que marche acorde con la demanda de crecimiento de un sector en continuo ascenso, tal como ocurre en una gran cantidad de países. Se ha preferido aumentar el presupuesto dedicado principalmente a la actividad cinematográfica de la producción, pero se sigue dependiendo de la venia anual del Congreso y el Ministerio de Economía y Finanzas, (MEF).
Para beneplácito de las distribuidores, responsables que tengamos la peor cartelera de cine en Latinoamérica, se mantienen inalterables los mecanismos de distribución que limitan la circulación de las películas peruanas. (La "cuota de pantalla" fue hace tiempo vetada en los debates sobre la ley). Los contratos de exhibición, ahora incorporados a la ley, serán letra muerta dentro de muy poco tiempo seguramente. No existen incentivos mayores para mejorar la cultura cinematográfica y en el colmo de la incomprensión e irresponsabilidad se menciona en un artículo a la Cinemateca Nacional confundiendo y desconociendo sus funciones y alcances, hecho muy grave cuando la ley ha sido principalmente propuesta y fomentada por el mismo Ministerio de Cultura quien debiera de ser el principal promotor de la conservación de nuestro patrimonio fílmico.
Hay además retrocesos evidentes. En una afán de ponerse al día con las cinematografías internacionales, se "flexibilizan" los requisitos para que una película sea considerada peruana y se abre el camino hacia la mano de obra barata y la suplantación del personal nacional, tanto en las ampliamente favorecidas "coproducciones" así como también en las películas peruanas. No está demás decir que la nueva ley apenas menciona a los trabajadores cinematográficos y no establece ningún mecanismo de protección hacia ellos, bajo el argumento de que es competencia del Ministerio de Trabajo, sin embargo, si fiscaliza los fondos como si fueran la SUNAT. Por otro lado, la ley no establece mayores formas de preparación de los nuevos cineastas, dejando la calificación de los técnicos audiovisuales exclusivamente en Cursos de formación temporales e incompletos y quedando la formación de nuevos cineastas exclusivamente en manos privadas.
Donde si existe la mayor coherencia es en quienes tienen el control del cine peruano, al menos el que promocionaría el Estado peruano. A contrapelo con la realidad de otras cinematografías, que establecen mecanismos participativos de los diversos sectores involucrados en la actividad cinematográfica, el control absoluto recae en las manos de los burócratas del Ministerio de Cultura, quienes incluso nombran "un Órgano Consultivo Colegiado". Si nos guiamos por el funcionamiento actual de las "consultas" que hacen, ya sabemos que será un olímpico saludo a la bandera. La consigna "Todo el poder a la burocracia del MINCULT" va camino a perfeccionarse.
Entre vacíos, omisiones voluntarias, inconsistencias, incomprensiones y acomodos burocráticos, sin embargo, la nueva Ley de Cine ha dado un paso firme, a pesar de la oposición retrógrada, mezquina y lamentable de buena parte del fujimorismo. Muchos deben de estar haciendo cuentas, otros con la mejor intención soñando en hacer su películas o vislumbrando la posibilidad de ver realizadas gran parte de sus inquietudes, y pocos , lamentablemente muy pocos, pensando que el cine es industria, entretenimiento, oficio y profesión que forma parte esencial de la cultura del país y que de cara al Bicentenario, pensando en nuestro país y su gente, nos queda aún mucho por hacer para desarrollar nuestra cinematografía. La tarea continúa.
Por último, ¿Tendremos algún día políticos que piensen de manera integral la cultura en nuestro país? Si nos dejamos llevar por el debate en el Congreso no cabe duda que aún distamos mucho de ello.
No hay comentarios:
Publicar un comentario